20 de octubre 2007
La Junta sanciona a una empresa lagunera con 240.000 euros por explotación ilícita de una gravera. El ayuntamiento se inhibe
Apenas han pasado dos semanas desde que leímos en el Norte un titular que decía "El nuevo plan medioambiental de la villa busca acabar con las graveras ilegales", un titular que exige grandes dosis de ingenuidad para otorgarle credibilidad.
¿ Entonces, la sanción no es consecuencia de este nuevo plan?... pues no, nada que ver. Más bien, podríamos afirmar que hasta la fecha, el gobierno municipal se ha inhibido completamente ante las irregularidades que desde hace tiempo se están cometiendo en lo referente a explotación de graveras. Hasta siete denuncias se formularon contra la explotación de la gravera encausada desde 2005; ninguna de ellas llevaba el membrete del ayuntamiento de Laguna. Cinco de las denuncias fueron realizadas por Agentes Medioambientales. Una más por Jesús Salamanca, en calidad de Concejal de Izquierda Unida de Laguna y, finalmente, la última, en marzo de 2007, por Agentes de la Guardia Civil (Seprona). La gravera carecía de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, por lo que estaban cometiendo una infracción continuada extrayendo grava al menos desde 2005. Según la Consejera de Medio Ambiente, "Los hechos, que resultan probados, son constitutivos de una infracción administrativa muy grave" por ello, resuelve sancionar a la empresa infractora con 240.000 euros. Quizá el gobierno municipal podría haber alegado desconocimiento de la existencia de la gravera, si no fuera por que la propia policía municipal fue requerida, ante la denuncia de Izquierda Unida, para que redactara un informe sobre la inspección que tuvo que realizar. Y mientras estas cosas pasaban, los miembros de la Agenda Local 21 redactaban, con toda su buena fe, el Plan de Acción para el año 2006, plan que aprobaba el Pleno Municipal, con su alcalde a la cabeza, y que incluía en su medida nº 22 lo siguiente: Análisis medioambiental de la situación actual de las graveras en el término municipal (activas, abandonadas y grado de restauración) . La medida nº 22, aunque fue aprobada en pleno municipal con las demás, no se cumplió. No se percibió ni un amago de intento de meterse con ella. Mientras, se seguía extrayendo grava infringiendo la normativa. En el 2007 se volvió a incluir en el nuevo Plan de Acción. Ahora se trata de la medida nº 28: REALIZAR UN ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS GRAVERAS, que ha vuelto a ser aprobada en pleno. El Norte desplegó su titular, que sin duda tendrá eco entre los desinformados e ingenuos. A los demás, o a los que lean esto, se les pondrá cuesta arriba creerlo. Los hechos son tozudos.
Ecologistas
en Acción denuncia reiteradamente a las empresas que explotan
graveras ilegales en Laguna

El 16 de febrero de 2004, Ecologistas
en Acción enviaba a la prensa la siguiente nota informativa:
"Ecologistas en Acción pide al juez la paralización
de la gravera ilegal de Laguna de Duero. Denuncia por prevaricación
a la Sección de Minas de Valladolid, por haber informado favorablemente
la excavación al margen de la preceptiva evaluación
de impacto ambiental". La denuncia no era sino el último
eslabón de un rosario de demandas cursadas contra varias empresas
de explotación de gravas que vienen extrayendo materiales del
subsuelo lagunero.
La historia de las denuncias
se remonta al año de 1990, cuando ya se produjo un primer decreto
de paralización de explotación de una gravera por parte
del Ayuntamiento de Laguna contra la empresa Grapisa (Graveras del
Pinar S.A.). Aquel decreto no tuvo efectos ejecutivos pues la gravera
siguió explotando las gravas ilegalmente, manteniendo la extracción
durante 15 años sin que la administración local ni regional
movieran un dedo hasta fechas recientes cuando, ante la presión
de las reiteradas denuncias de Ecologistas en Acción, se han
empezado a mover los organismos competentes.
La organización ecologista
inició sus denuncias en agosto del año 2000, cuando
sacaba una nota de prensa denunciando la actividad ilegal de varias
graveras de Laguna. En aquella nota se denunciaba la "presunta"
autorización de la Consejería de Industria de la Junta
de Castilla y León de aquella actividad de explotación
de áridos durante los años 90 que afectaba a cerca de
300 hectáreas de tierras de Laguna que gozaban de protección
especial por ser tierras catalogadas como de "alto valor agrícola
y forestal". Las explotaciones además constituían
un grave daño ecológico para la zona por afectar a las
aguas subterráneas, al excavarse por debajo de la capa freática,
a lo que se añadían las imprudentes labores de relleno
de las zonas vaciadas, realizadas con peligrosos residuos contaminantes
que van a las aguas subterráneas, con el consiguiente peligro
para la salud pública.
La
extracción de gravas se realiza sobre terrenos protegidos por
la ley
Las empresas responsables de
estas prácticas "indiscriminadas", denunciadas en
agosto del 2000 por Ecologistas en Acción son Hormigones Rodríguez
S.A.(HORO), Hormigones Zarzuela S.L. , Hormigones Hegeo S.A., y Hormigones
Álvarez Fray S.A., a las que se les acusa no sólo de
extraer áridos sin las pertinentes licencias, sino además
de rellenar los terrenos con escombros, cascotes y diversas basuras,
incluyendo recipientes vacíos de residuos tóxicos, que
en nada pueden beneficiar a los pozos de la zona, en contacto con
las aguas que fluyen por el suelo de las graveras, con unas consecuencias
para los cultivos hortícolas de la zona aún no estudiadas.
Esta situación de vertidos ilegales, tolerada por la Administración,
había sido denunciada tanto por el servicio de Guardería
de la Junta de Castilla y León como por el SEPRONA de la Guardia
Civil, según consta en la denuncia presentada por la organización
ecologista.
Como resultado de esas prácticas,
algunos terrenos afectados, catalogados como de alto valor forestal
y agrícola, se han ido perdiendo, produciéndose un notable
deterioro paisajístico que ha afectado también a la
flora y fauna de la zona. 150 especies de vertebrados están
catalogados en la zona, de los cuales, algunos de gran interés
han ido desapareciendo de esos lugares, caso del milano negro y del
águila calzada, debido en buena parte a la destrucción
y degradación del pinar. Las especies cinegéticas han
descendido notablemente en las zonas circundantes y así mismo
el chotacabras gris, una de las especies más peculiares de
la zona.
La imprescindible Declaración
de Impacto Ambiental obligada por ley para este tipo de explotaciones
no se ha venido realizado más que en un sólo caso (1990),
por lo cual, en todos los demás, se ha cometido infracción
grave según la ley que regula esas explotaciones.
En la denuncia presentada por
Ecologistas en Acción ante el Sr. Consejero de Medio Ambiente,
ante el Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo, ante el Sr.
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero
y ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Laguna de Duero, se solicitaba
la suspensión de las actividades de la graveras y la apertura
de expedientes sancionadores contra las empresas responsables.
Pasan dos
años sin respuesta a las denuncias por parte de las administraciones
competentes
Tres meses después de
las denuncias reseñadas, vista la inhibición de las
administración, la organización ecologista presentó
denuncia ante la Fiscalía por apreciar indicios de delito contra
el medio ambiente por parte de la empresa Álvarez Fray y el
Servicio Territorial de Industria en Valladolid de la Junta de Castilla
y León, pues las empresas continuaban "operando en un
ambiente de completa impunidad". El 20 de noviembre de 2000,
Ecologistas en Acción denunciaba nuevos vertidos de placas
de fibrocemento; y tan sólo dos días después,
se abría una nueva explotación de grava en la finca
denominada El Pesquerón, a cargo de la empresa Álvarez
Fray, que contaba con autorización del Delegado Territorial
de la Junta en Valladolid con fecha 8 de agosto del 2000, (seis días
después de la primera denuncia interpuesta por Ecologistas).
La nueva explotación carecía de la pertinente declaración
de impacto ambiental, obviaba el carácter protegido de los
terrenos y carecía de las licencias municipales de obras y
actividad lo que llevó a la asociación a presentar la
reseñada denuncia ante la Fiscalía en 29 de noviembre
de 2000.
Dos años después,
las cosas seguían en el mismo estado, a pesar de las denuncias.
Pero lejos del desaliento, Ecologistas en Acción vuelve a la
carga, denunciando a las administraciones local, regional y estatal
implicadas, al seguir permitiendo que las empresas ya denunciadas
sigan "roturando fincas y pinares en completa impunidad".
"Las excavaciones y rellenos con escombros afectan a mas de 300
hectáreas de pinares y fincas agrícolas protegidas por
el Plan General de Ordenación Urbana de Laguna de Duero y carecen
de las preceptivas autorizaciones municipales y ambientales".
Las empresas denunciadas eran las mismas citadas en anteriores denuncias,
por sus explotaciones en los pagos de La Encina- El Pesquerón,
Los Ingleses y camino de Tudela a Puente Duero, incluyendo además
en la denuncia a las empresas de transporte Contenedores La Flecha,
contenedores del Duero y Transcon. Las actuaciones de todas las empresas
denunciadas vulneran las Leyes de Aguas, de Urbanismo, de Actividades
Clasificadas, de Evaluación de Impacto Ambiental y de Minas
y Residuos. Respecto al Ayuntamiento de Laguna de Duero, se informaba
que se había limitado a emitir una serie de Decretos de paralización
de las excavaciones y vertidos, sin obligar a las empresas afectadas
a su cumplimiento, mientras que la Junta y la Confederación
Hidrográfica se habían inhibido completamente.
El Ayuntamiento
ha denegado la licencia de explotación de varias graveras,
aunque no ha vigilado su cumplimiento
Las actuaciones del Ayuntamiento
de Laguna en este tiempo se han concretado en una serie de decretos
de alcaldía ordenando la paralización de las graveras.
El 16 de marzo de 1999 se decreta la paralización de la gravera
de Hormigones Hegeo; el 27 de junio de 1999 la de Hormigones Rodríguez
y el 22 de junio de 2000 la de Álvarez Fray, que extraían
áridos sin licencia en El Pesquerón, en el camino de
Puente Duero a Tudela y en Los Ingleses, respectivamente. El 16 de
enero de 2001 se produce el acuerdo de la Comisión de Gobierno
del ayuntamiento por el que se deniega licencia a Álvarez Fray
para extraer grava en el pago de La Encina, ordenando la clausura
de la actividad. El 20 de febrero de 2001 se ordena por decreto de
alcaldía la paralización de los vertidos realizados
por Contenedores La Flecha.
Pero, a pesar de estos decretos
de paralizaciones, en octubre de 2002, las graveras siguen en funcionamiento
" a buen ritmo, habiendo ampliado considerablemente su tamaño",
sin que se haya procedido a restaurar los daños ecológicos
causados. Por ello, La organización ecologista vuelve a denunciar
el 8 de noviembre de 2002 ante los organismos oficiales y el propio
ayuntamiento la grave situación que se está produciendo.
La Administración parece hacer oídos sordos, y nuevamente
se denuncia la impunidad con que se siguen explotando las graveras
el 4 de abril de 2003, recordando Ecologistas en Acción en
su escrito que es "la quinta ocasión" en que tienen
que dirigirse a la administración regional y la sexta al ayuntamiento
de Laguna para exigir el cumplimiento de la legalidad.
Ante la presión de la
organización ecologista, las graveras intentan legalizar su
situación. Graveras del Pinar, empresa del propietario de Hormigones
Rodríguez, pretende legalizar una gravera que lleva explotando
desde hace 15 años ilegalmente y sobre la que pesa ya orden
de cierre que se ha negado a cumplir. Álvarez Fray, por su
parte, intenta conseguir declaración de impacto ambiental favorable
para una gravera en el término de El Perdigón, paralizada
desde noviembre de 2000. Respecto a las graveras de Los ingleses y
El Pesquerón, éstas siguen extrayendo impunemente en
junio de 2003. La Junta comienza a tomar alguna decisión y
decreta la paralización de la gravera de Graveras del Pinar,
aunque esta empresa no la cumple, y ha abierto expediente sancionador
a Álvarez Fray y Hormigones Hegeo. La Confederación
Hidrográfica, por su parte, se sigue inhibiendo.
Por fin, un
informe de impacto ambiental negativo contra las graveras
Tras más
de tres años desde la presentación de la primera denuncia
de Ecologistas en Acción, la Consejería de Medio Ambiente
emitió en diciembre de 2003 informe negativo sobre la Declaración
de Impacto Ambiental solicitada por Álvarez Fray para abrir
una gravera en el pago denominado La Encina. El informe desfavorable
se fundamentaba en la incompatibilidad entre la actividad solicitada
y la inclusión de los terrenos afectados dentro del Área
de Interés Paisajístico, Histórico y Agrícola
(APHA) denominada Encuentro Cega-Duero, protegida por las Directrices
de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno (DOTVAENT).
Esta buena noticia se venía a sumar a los decretos de paralización
que en octubre había emitido la Junta para otras cuatro graveras
en Laguna.
El último
capítulo hasta el momento se ha producido en relación
con la gravera que por su cuenta y riesgo ha abierto Álvarez
Fray en el pago de la Encina. Esta gravera fue paralizada al denegarse
la licencia por el Ayuntamiento en el año 2000, y aunque fue
otorgada autorización por el Delegado Territorial de la Junta
en 8 de agosto de 2000, posteriormente volvió a denegarse licencia
de actividad por parte del Ayuntamiento ( enero de 2001), parándose
de nuevo las obras. La Junta de Castilla y León impuso multa
de 600 euros a la empresa por actuación irregular en agosto
de 2003, decretando la suspensión de las extracciones y la
restauración de la zona afectada. Posteriormente, se emitió
el informe desfavorable de impacto ambiental reseñado, en diciembre
de 2003. Con este historial de decretos en contra, los responsables
de la empresa, a través de la constructoria Excavaciones y
Obras Públicas Mejuto, se ha lanzado a la extración
de áridos en la mencionada graveras, situación que vuelve
a denunciar Ecologistas en Acción en febrero de 2004 ante el
Ayuntamiento, la Delegación Territorial de la Junta y el Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil,
sin conseguir por ello la paralización de la gravera, por lo
que quince días después, vuelve a la carga, denunciando
ahora ante el Juzgado de Guardia a la empresa Álvarez Fray
S.A. y a la constructora Excavaciones Mejuto S.L. por la comisión
de un delito contra el medio ambiente. Así mismo, denuncia
a la Sección de Minas de la Junta de Castilla y León
en Valladolid por un presunto delito de prevaricación, al haber
informado favorablemente en 2000 la autorización de explotación
concedida a Álvarez Fray, indicando, contra lo establecido
por la ley, que no era necesaria la declaración de impacto
ambiental.
Hasta aquí
el último capítulo del pulso echado por Ecologistas
en Acción a las empresas extractivas que operan en Laguna de
Duero, que ha conseguido, aparentemente, frenar las actividades ilegales
que durante años se han estado llevando a cabo en esta localidad,
en perjuicio de nuestros espacios naturales. Sería deseable
que todos los vecinos velaran por las buenas prácticas ambientales
en nuestro municipio, denunciando cualquier actuación irregular.
Las cosas irían bastante mejor.
(Informe elaborado en 2005)
Información obtenida a partir de los datos aportados por Ecologistas
en Acción en la página www.nodo50.org/ecologistas.valladolid